El PP se desmarca de la presión del Parlamento Europeo para preservar la independencia judicial en Polonia

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Mano dura contra Orban y Kaczynski salvo por parte del PP. El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves, con el voto en contra de los eurodiputados españoles del Partido Popular, una

resolución para exigir una vigilancia mucho más estricta de Bruselas sobre Polonia y Hungría que evite la deriva autoritaria de esos dos países y que garantice la independencia del sistema judicial polaco.

La petición ha sido aprobada por una abultada mayoría de 446 votos a favor y 178 en contra. Y ha logrado un apoyo generalizado entre los cinco grupos firmantes de la resolución (Partido Popular Europeo, Socialistas & Demócratas, Renew (liberales), Verdes e Izquierda Unitaria. Pero ha contado con el rechazo de los eurodiputados del Partido Popular español, que se han desmarcado del parecer general de la Cámara e incluso de su propio grupo parlamentario (el Partido Popular Europeo).

La delegación española del PP, encabezada por la eurodiputada Dolors Montserrat, se ha alineado con la posición defendida por los eurodiputados del ultraconservador ECR (donde se sientan desde los polacos del PiS, que encabezan el Gobierno de ese país, a los españoles de Vox) y de ID (euroescépticos), que han nutrido el grueso del voto en contra.

La tibieza de los populares españoles en Estrasburgo contrasta con la vehemencia del líder del PP, Pablo Casado, en las críticas al gobierno de Pedro Sánchez por el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. El PP da por supuesto que Delgado pondrá en peligro la independencia de ese órgano judicial. En Polonia, en cambio, no se trata de una sospecha sino de una violación de la independencia judicial denunciada repetidamente por la Comisión Europea.

La aprobación de la resolución ha coincidido, precisamente, con la publicación de un informe urgente de la llamada Comisión de Venecia del Consejo de Europa alertando de que la reforma que tramita el Parlamento polaco (esta semana en el Senado) socavará aún más una independencia judicial que el ejecutivo del PiS (el partido de Jaroslaw Kaczynski) recorta desde hace años.

Fuentes de la delegación española de los populares atribuyen su voto en contra a que la resolución podría interpretarse "como una injerencia en la labor de vigilancia de la Comisión Europea" y a que "no distingue entre la situación de dos países distintos como Hungría y Polonia". Algunas fuentes conservadoras también subrayan con malestar que uno de los firmantes de la resolución en nombre de Izquierda Unitaria era el eurodiputado Pernando Barrena, de EH Bildu.

La mayoría del resto de populares europeos, sin embargo, no han apreciado esa supuesta injerencia y han secundado sin ambages la resolución. Solo 35 eurodiputados del PPE se han desmarcado, con los españoles, la delegación más grande que, de manera unánime, ha votado en contra o se ha abstenido. Los conservadores franceses ocupan el segundo lugar, con italianos y húngaros completando el grupo que discrepa de la mayoría.

El texto aprobado lamenta que el Consejo de la UE no haya avanzado en la aplicación del artículo 7 a Hungría y Polonia, que permite la suspensión del derecho de voto en la institución comunitaria a los países que violen los valores fundamentales de la UE. Y pide a la Comisión Europea que utilice todos los instrumentos a su alcance, incluida la petición de medidas cautelares para frenar las reformas del gobierno polaco que amenazan la independencia del sistema judicial.

La resolución del Parlamento "lamenta" que los trámites del artículo 7 contra Polonia y Hungría "no hayan dado lugar aún a avances significativos (...) para revertir el riesgo de votación grave de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la UE". El texto subraya que, lejos de haber contrarrestado la deriva autoritaria, "la situación en Polonia y en Hungría se ha deteriorado desde la activación del artículo 7".

El Parlamento reclama al Consejo (encargado del proceso del artículo 7) que amplíe los cargos contra Polonia y Hungría para incorporar los cambios de los últimos meses que han puesto en peligro la independencia del poder judicial, la libertad de expresión, la libertad académica, la libertad de asociación y el derecho a la igualdad de trato.

El texto aprobado también pide a la Comisión "que haga pleno uso de los instrumentos a su disposición para abordar un riesgo claro de violación grave por parte de Polonia y Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión", en particular los procedimientos acelerados y las demandas de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia.

La nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha intentado desde su elección el pasado mes de julio contemporizar con Varsovia y Budapest. Pero su estrategia tampoco ha dado frutos. Este martes, tuvo que pedir medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para suspender una de las reformas puestas en marcha el año pasado por Polonia para someter a control a los jueces de ese país. Pero la petición llega cuando Varsovia ya está a punto de culminar otra reforma (que podría ser aprobada este viernes por el Senado) que socava aún más la independencia judicial.

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