May publica su plan para el Brexit, con una zona de libre comercio que excluye los servicios

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El Gobierno británico ha publicado este jueves a mediodía su propuesta para la relación futura de Reino Unido con la Unión Europea, el texto más importante publicado por Londres desde el

referéndum de 2016 y que ya ha provocó a principios de semana la dimisión de dos ministros, para los que la propuesta traiciona el voto de los británicos en dicha consulta. En el documento, de 100 páginas, Reino Unido propone a la UE un “acuerdo de asociación”, del tipo del que ha firmado Bruselas recientemente con Ucrania, que incluya un “área de libre comercio” para bienes, una relación más laxa en servicios, que permitiría la divergencia regulatoria entre el país y el bloque, así como una estrecha cooperación en materia de seguridad. Se trata de la primera vez, dos años después del referéndum, en que Londres detalla su posición negociadora.

La propuesta de May, como adelantaba el resumen aprobado en la reunión con su Gabinete el pasado viernes, sobrepasa numerosas líneas rojas trazadas por la primera ministra en el pasado, en media docena de discursos que han ido esbozando la postura concretada este jueves, y confirma su elección de una ruptura suave con la UE. Una salida que no dinamite completamente los lazos estrechos que existen en la actualidad, como viene demandado el mundo empresarial, y que permitiría a la primera ministra cumplir su compromiso, adquirido al final del año pasado, de evitar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

La propia primera ministra ha reconocido en el Parlamento que la postura de Reino Unido ha evolucionado en el contexto de una “necesidad de pragmatismo y compromiso de las dos partes”. El documento difícilmente será aceptado en su tenor actual por Bruselas, pero busca proporcionar un punto de partida para acelerar las negociaciones. La propuesta de una zona de libre comercio de bienes viene acompañada de un complejo sistema para mantener a Reino Unido en el territorio aduanero del bloque. Pero evita explícitamente, como estaba previsto, hablar de “unión aduanera”, una línea roja clarísima para el Gobierno británico, ya que implicaría sin duda el rechazo frontal del sector euroescéptico.

En cuanto a los servicios, que representan el 80% de la economía británica, el documento propone una relación menos estrecha, que implicaría “más barreras en el acceso de Reino Unido al mercado de la UE de las que hay en la actualidad”. Respecto a los servicios financieros, se propone un “acuerdo regulatorio y económico”. Esto viene a enterrar la idea de reconocimiento mutuo, planteada por May en el pasado, que implicaría que Reino Unido y la UE reconocieran recíprocamente sus normas sobre instituciones financieras. En su lugar, el actual sistema de acceso al mercado financiero europeo por parte de terceros países se xpandiría bajo un nuevo acuerdo regulatorio.

La propuesta ha suscitado críticas en la City londinense. TheCityUK, asociación que representa a los servicios financieros británicos, considera "lamentable" que el Gobierno entierre el sistema de reconocientomutuo con la UE. "El reconocimiento mutuo es el mejor sistema", ha dicho Miles Celic, presidente de TheCityUK, "por eso es lamentable y frustrante que este haya sido abanonado antes incluso de llegar a la mesa negociadora". En parecidos términos se ha expresado Catherine McGuinness, líder administrativa de la City de Londres. El documento "es un verdadero golpe al sector financiero británico y al sector de servicios profesionales asociados", ha dicho.

El documento contiene también una considerable flexibilización respecto a la inmigración europea, comparado con los mensajes lanzados por el Gobierno en los últimos dos años. Habla de que “la asociación futura deberá proporcionar arreglos recíprocos, congruentes con el fin del libre movimiento” de personas. Esos arreglos, prosigue, deberán apoyar a las empresas a “mover a sus personas talentosas”, “permitir a los ciudadanos viajar libremente, sin visado, para turismo y actividad empresarial temporal” y “facilitar la movilidad para estudiantes y gente joven”. Los detalles sobre el régimen migratorio británico tras el Brexit serán publicados en otro documento previsto para el otoño.

Para la resolución de conflictos que pudieran surgir en el marco del acuerdo, se habla de la creación de un "comité conjunto", que tendría en cuenta la jurisprudencia de la justicia británica y la del Tribunal de Justicia de la UE. En aquellas áreas en las que se acuerde una normativa común, los tribunales britanicos tendrían que tener en cuenta la jurisprudencia de dicho tribunal. También respetaría Londres la jurisdicción de la corte de Luxemburgo en aquellas agencias europeas en que participe Reino Unido.

El documento presentado este jueves supone la posición de partida de Londres para negociar la relación futura con la UE, que se negociará previsiblemente durante el periodo de transición de dos años que se prevé abrir el 29 de marzo de 2019. Ese día Reino Unido quedará automáticamente fuera de la UE, en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Para esa fecha tiene que estar aprobado y firmado el acuerdo de salida, que debe resolver la factura económica a pagar por Reino Unido, los derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido y viceversa, así como la situación de la frontera en Irlanda. Sobre las tres cuestiones se alcanzó un principio de acuerdo a finales del año pasado. También deberán establecerse los términos del periodo transitorio. El documento de May se añadirá probablemente como una declaración política anexa al acuerdo de salida. Cuando Reino Unido esté fuera de la UE empezarán de verdad las negociaciones sobre la relación futura con la UE.

En el Parlamento, el portavoz del Brexit en la oposición, el laborista Keir Starmer, ha descrito el documento como “inviable” y ha añadido que es poco probable que sobreviva la oposición de cierto sector de los diputados conservadores. Anticipando la batalla que se dispone a dar el ala dura de los tories, el diputado Jacob Rees-Mogg, presidente del European Research Group, opaco órgano que agrupa a los legisladores conservadores más euroescépticos, ha dicho que se trata del “mayor vasallaje desde que el rey Juan I rindió tributo a Felipe II de Francia en Goulet en 1200”. “Hay muy pocos signos de las famosas líneas rojas de la primera ministra. No es algo por lo que yo votaría ni es por lo que los británicos votaron”, ha advertido.

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