Abogados de Puigdemont trataron de negociar su regreso con el juez

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El Supremo rechazó cualquier contacto informal e instó a presentar un escrito

 

Una letrada que dijo actuar en nombre y representación del cesado presidente de la Genera­litat, Carles Puigdemont, llamó el pasado martes al Tribunal Supremo (TS) con el fin de contactar con el juez Pablo Llarena, instructor del proceso por supuesto delito de rebelión que se sigue en dicha instancia.

La letrada logró que le pasaran la llamada a la secretaria del magistrado, pero ahí quedó frenada su gestión. En su diálogo con la secretaria, la letrada, de apellido vasco y que se identificó como portavoz de un despacho con ­sede en Barcelona y Madrid que ha actuado ya en el caso, ma­nifestó que el propósito de sus gestiones era conseguir un encuentro entre Llarena y dos abogados, que se presentarían en su despacho cuando el juez dis­pusiera. Todo ello con el fin de plantear la hipótesis de un re­greso de Puigdemont a España y con el paralelo propósito de conocer cuál sería el hipotético tratamiento judicial que recibiría.

La secretaria dio cuenta a ­Llarena de la pretensión de la ­letrada, y el juez le contestó con instrucciones de rehusar la comunicación por teléfono y responder que, en todo caso, se le expusieran por escrito las ra­zones y objetivos de la iniciativa. Es decir, que la comunicante le diera a su gestión la debida formalidad. En el Supremo no se han vuelto a tener noticias de la abogada ni de los supuestos negociadores que iba a enviar.

 

Llarena cita a los consellers que abandonaron el Govern para conocer sus motivos para dimitir

La iniciativa, en todo caso, ha provocado perplejidad en la Sala Penal del Alto Tribunal, en primer lugar y sobre todo por la naturaleza de la llamada y sus pretensiones, pero también por coincidir con una fase en la que la supuesta voluntad de Puigdemont es intentar la in­vestidura desde Bruselas, por vía telemática.

En cuanto a la instrucción del caso, el juez Llarena dictó ayer una providencia en la que acuerda citar a todos los consellers que dejaron el Govern el pasado mes de julio. Se trata de Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget, al tiempo que cita también al exdirector de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, que dimitió en las mismas fechas. Todos ellos declararán entre los días 30 y 31 de este mes. El 1 de febrero ha sido citado el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador de las fuerzas policiales el 1-O.

Es evidente que el juez quiere conocer los motivos por los que dichos consellers dejaron sus cargos y si su marcha pudo obedecer a que conocieron la de­cisión de ir hasta el final con los planes de ruptura unilateral, y no quisieron secundarlos.

 

El magistrado pide información sobre la actividad de los Comitès de Defensa de la República

El magistrado ordena asimismo a la Guardia Civil que investigue tres transferencias por un valor total de 139.700 y que fueron hechas desde una sucursal del BBVA en Bruselas, entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre pasados. La cuenta figuraba a nombre de la Delegación de Catalunya ante la UE y el dinero tenía como destinatarios The Hague Centre for Strategic Studies, con sede en Holanda, y la delegación del Govern en Croacia. La primera entidad habría recibido primero 58.250 euros, y luego otros 61.420, y la citada ­representación, 20.000 euros. El juez quiere reunir toda la in­formación posible sobre estas transferencias, realizadas cuando las cuentas de la Generalitat ya estaban bajo control del Gobierno, en virtud de las dispo­siciones adoptadas por el Ejecutivo el pasado 15 de septiembre.

Otra orden del juez dispone que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona le remita copia de la agenda personal de Josep Maria Jové, número dos del exvicepresidente, Oriol Junqueras, y de sus anotaciones personales, halladas en el registro de su domicilio. También solicita Llarena –siempre en la misma providencia– que se le dé cuenta del contenido de las grabaciones telefónicas efectuadas en relación con llamadas cruzadas entre el propio Jové y Oriol Soler, y otra entre Carles Viver Pi-Sunyer y Margarida Gil.

En este mismo auto el juez ­pide a la policía que aporte las pruebas de sus investigaciones sobre los Comitès de Defensa de la República.

 

fuente lavanguardia

 

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