El Supremo se divide ante la posibilidad de rechazar la entrega de Puigdemont

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se debate entre varias opciones ante el futuro judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont, entre ellas renunciar definitivamente a solicitar la entrega del líder

independentista. Esa posibilidad, defendida abiertamente por algunos sectores del tribunal, no es, sin embargo, la única que está encima de la mesa. También se considera una posible acción ante el Tribunal de Justicia de la UE para plantear que la justicia alemana que no ha aplicado correctamente la orden europea de detención. Una tercera posibilidad sería aceptar la entrega de Puigdemont en los términos acordados por el tribunal alemán, es decir, solo por el delito de malversación. Pero esta última alternativa es la menos probable por los riesgos que conllevaría, incluido que el líder independentista consiguiese la libertad en España e incluso pudiese recuperar la presidencia de la Generalitat.

El alto tribunal español no tiene todavía conocimiento oficial de la resolución de Alemania, pero temía desde hace meses la decisión que ha tomado este jueves, por lo que ha estado estudiando los pros y los contras de los caminos que le quedarían para evitar que los delitos que atribuye a Carles Puigdemont queden impunes. Si se confirma la negativa de la justicia alemana a entregar al expresidente de la Generalitat por rebelión pero sí hacerlo por malversación, el juez Pablo Llarena deberá decidir si acepta la entrega solo por este delito (lo que impediría juzgarlo en España por ningún otro) o la rechaza y deja que se quede de momento en Alemania.

Fuentes del Tribunal Supremo han señalado que Llarena no va a tomar ninguna decisión hasta que pueda analizar el "contenido jurídico" de la resolución de la Audiencia de Schleswig-Holstein. Además, el alto tribunal cuenta con que no tiene que decidir su estrategia de forma inmediata porque el abogado del expresident ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional alemán para intentar evitar también la entrega por malversación. Con todo, en el Supremo admiten que no hay ya opción para conseguir la entrega por rebelión y que el margen de actuación de Llarena es muy reducido, aunque entre las fuentes consultadas hay discrepancias sobre qué decisión sería ahora la más correcta.

Un sector del Supremo es partidario de rechazar la entrega de Puigdemont por malversación y condenarle a vivir fuera de España porque la justicia española mantendría la orden de detención nacional y Puigdemont sería arrestado si entra en el país. Además, si el expresidente cambiara Alemania por otro territorio, el Supremo podría reactivar la orden de detención europea o internacional. Esta situación se mantendría al menos durante los 20 años que tarda en prescribir el delito de rebelión, según las fuentes consultadas. Con todo, otras fuentes consultadas advierten de que esta vía implicaría la renuncia a juzgar al expresidente, lo que se interpretaría como un agravio respecto a los líderes independentistas que no se han fugado y se han puesto a disposición de la justicia española.

Dentro del tribunal no se descarta la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este se pronuncie sobre si Alemania ha aplicado bien la orden europea de detención. La Fiscalía General del Estado también ha analizado esta opción porque considera que Alemania se ha extralimitado al aplicar la normativa europea que regula la euroorden. Este acuerdo marco establece que el país ejecutor de la entrega (en este caso, Alemania) "debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo" y a valorar que los hechos sean constitutivos de delito en ambos Estados "con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo". Tanto el Supremo como la Fiscalía española creen que Alemania se ha excedido en el papel que le correspondía para decidir la entrega y ha entrado en el fondo de asunto (si hubo o no violencia y de qué alcance). Acudir a Luxemburgo abriría la puerta a que el tribunal europeo se pronuncie sobre ello y, en caso de confirmar esta tesis, se pueda replantear la situación.

Esta posibilidad permitiría además ganar tiempo para evitar que Puigdemont sea entregado por malversación mientras los miembros de su Govern que se quedaron en España se enfrentan a un delito de rebelión. Desde que se comprobó que las entregas de los procesados fugados iban a ser más complicadas de lo previsto y podían impedir juzgar a los huidos por los mismos delitos por los que se va a juzgar a los que no huyeron, el alto tribunal descartó que los 25 procesados se sentaran juntos en un mismo juicio. Para ello abrió una pieza separada, lo que implica que el tribunal juzgará a finales de este año o principios del que viene solo a los 18 encausados que están a disposición del Supremo sin esperar a que la justicia de Alemania, Bélgica, Suiza y Escocia resuelva sobre la entrega de los huidos.

Si la opción de Luxemburgo no tuviera éxito, Llarena se plantearía aceptar la entrega del expresidente catalán solo por malversación e intentar juzgarle por el tipo agravado de este delito, que prevé penas de hasta 12 años de cárcel. Si es condenado, una vez cumplida la pena, la ley permitiría reactivar la investigación por rebelión cuando hubieran pasado 45 días desde la puesta en libertad definitiva si Puigdemont no sale de España, una posibilidad que también ha manejado el tribunal pero que ahora mismo se considera solo una hipótesis muy a medio plazo. Aceptar la entrega por malversación tendría un importante inconveniente con efecto político: quedaría sin efecto la suspensión temporal como diputado ordenada por Llarena esta semana y que solo es aplicable para los procesados por rebelión. Esto implicaría que el expresidente mantendría todos sus derechos como parlamentario, al menos, hasta que hubiera una condena que le inhabilitara.

La entrega solo por malversación también abriría la puerta a que, incluso en el caso de ser condenado por el subtipo más grave, Puigdemont cumpliera penas inferiores a las que podrían afrontar el resto de procesados. La última reforma del código penal para este delito contempla la posibilidad de rebajar la pena en uno o dos grados si el acusado repara de forma íntegra el dinero malversado. Esta reparación del daño podría dificultar, además, la posibilidad de encarcelar de forma preventiva al expresidente una vez que estuviera en España, aunque el Supremo alegue el elevado riesgo de fuga. Si Puigdemont quedara en libertad y con sus derechos como diputados intactos, podría aspirar a volver a ser presidente de la Generalitat.

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