Las claves de la sentencia del ‘caso Puigdemont’

España
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Pudo haber malversación, pero de ninguna forma rebelión. La Justicia alemana responde así a la petición de España de extraditar al expresident catalán, Carles Puigdemont, por el procés soberanista que desembocó

en el referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre. Los jueces de la Audiencia Territorial del Estado de Schleswig-Holstein dedican la mayor parte de las 21 páginas de la sentencia a explicar que desechan la rebelión –alta traición, según el Código Penal alemán- porque no detectan el grado de violencia que exigen tanto la legislación española como la alemana para la comisión de este delito.

Sí ven, en cambio, la posibilidad de que Puigdemont incurriera en un delito de corrupción, pero “en todo caso” solo como malversación por destinar fondos públicos a la organización de una consulta ilegal. La Audiencia alemana descarta, además, el riesgo de que el político catalán vaya a sufrir una persecución política en España. Estos son los principales aspectos que aborda la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein.

Una de cal y otra de arena. La sentencia critica los datos suministrados sobre el caso por las autoridades españolas, al hablar de “informaciones contradictorias”; pero al mismo tiempo dice “recelar” de la acusación de Puigdemont de que el Estado español está haciendo un mal uso de una acusación penal para perseguirle por motivos políticos.

Euroorden “atípica”. Los jueces alemanes también califican de “atípica” la euroorden cursada por las autoridades españolas, que en la descripción de los hechos envió un texto de 17 páginas en el que describía “la evolución histórica de los esfuerzos independentistas del acusado y de otras organizaciones”. Los jueces se sorprenden de que la narración comience en la primavera de 2015, pese a que los hechos susceptibles de ser delictivos se produjeron entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. La sentencia también recoge la dificultad de este proceso y las distintas traducciones que se han tenido que hacer del español al alemán para justificar que la euroorden haya requerido más de los habituales 60 días.

El orden español no estuvo amenazado. ¿Por qué consideran los jueces del Estado federal de Schleswig Holstein que no se sustenta la acusación de “rebelión”? En una explicación que ocupa 11 de las 21 páginas de la sentencia, el tribunal considera que el acusado, según la ley alemana, no ha cometido ni el delito de “alta traición” ni el de “perturbación del orden público”.

A continuación, recuerdan que para acusar a alguien de alta traición es necesario, según el artículo 472 del Código Penal español, que esta haya sido “violenta y pública” y, según la correspondiente norma alemana, también hace falta la comisión de violencia. “Es dudoso que el acusado haya perseguido el objetivo de separar Cataluña del Estado central español con violencia”, asegura la sentencia, que recuerda que Puigdemont persiguió la legitimación de la independencia a través de “medios democráticos, como la celebración de un referéndum”. El hecho de que Puigdemont dijera en septiembre de 2017 que no iba a ser posible “lograr la independencia de Cataluña con medios democráticos” no implica que el entonces president de la Generalitat sugiriera que “la única salida posible fuera un golpe de Estado violento”, interpreta la sentencia.

La clave para no atribuir el delito de rebelión radica en que “los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 no alcanzaron el grado de violencia necesario”. Los jueces recuerdan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán establece que se puede acusar de alta traición a los impulsores de “luchas revolucionarias” que generen víctimas o circunstancias caóticas, pero no “manifestaciones, convocatorias de boicot o huelgas”. “Después de varias comprobaciones, no tenemos una demostración positiva de que las instituciones españolas no pudieran resistir la presión ejercida en el día del referéndum”, concluye la sentencia, que duda de que las “acciones individuales” de unos cuantos –como los actos lesivos contra la Policía Nacional- amenazaran el orden del Estado español. Y los jueces alemanes hacen sus cuentas: de los 2.259 colegios electores en el referéndum del 1 de octubre, solo hubo disturbios en 17. Y de los 6.000 policías nacionales implicados, solo resultaron heridos 58.

Oídos sordos al Constitucional. El tribunal de Schleswig-Holstein no ve justificación para acusar de rebelión a Puigdemont, pero sí de corrupción. “Es evidente que el acusado quiso pagar con el presupuesto público los costes inherente a la celebración del referéndum evidentemente”, dice el texto, que recuerda cómo el Gobierno catalán autorizó a sus funcionarios “adoptar todas las decisiones necesarias para llevar a cabo el referéndum”. Con esta decisión, Puigdemont pasó por alto lo dictaminado por el Tribunal Constitucional español, recuerdan los jueces. Estos admiten que los distintos datos suministrados por las autoridades españolas sobre los pagos del Gobierno catalán para sufragar una consulta ilegal no han sido siempre coherentes, pero esto, en contra de lo que sostiene Puigdemont, no basta para no anular la extradición por el delito de malversación.

Confianza absoluta en la Justicia española. En su exposición final, los firmantes de la sentencia reiteran su “confianza absoluta” en la justicia española. “La idea de que el Estado español, miembro de una misma comunidad de valores y de nuestro espacio de derecho común que es la UE, pudiera abusar de un proceso penal para castigar al perseguido tan solo por convicciones políticas le parece a este tribunal fuera de lugar”, aseguran. También consideran los jueces alemanes “inimaginable” que, como sostienen Puigdemont y sus defensores, la Justicia española vaya a juzgarle por rebelión, en contra de los procedimientos de la euroorden.

No a la Fiscalía. Los jueces también rechazan la petición de la Fiscalía General de reactivar la orden de detención de Puigdemont. “El aliciente del acusado para darse a la fuga no se incrementa con la decisión de este tribunal”, aseguran. Además, destacan que el expresidente ha cumplido fielmente todas las obligaciones que se le han impuesto y que ha repetido que aceptaría la decisión del a justicia alemana. El condenado, creen los jueces, “no podría permitirse la pérdida de imagen pública que supondría una fuga”.

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