El desafío de 123 menores solos

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En el Aquarius y los dos buques italianos que navegan rumbo a Valencia con 629 inmigrantes a bordo viajan 123 niños y niñas solos. Ese grupo preocupa especialmente al Gobierno por ser un colectivo vulnerable que puede haber sido víctima de abusos, tráfico de personas y trata en sus países de origen. Su tratamiento es diferente al que se aplica a los adultos migrantes. Entrarán en un sistema de protección frecuentemente criticado por organizaciones sociales, que denuncian la precariedad de los menores y las trabas para formarse y regularizar su situación al cumplir 18 años.

El primer paso tras el desembarco de los niños del Aquarius será identificar quiénes son esos menores y si efectivamente vienen solos. La prioridad es acogerlos y solo repatriarlos cuando se concluya que lo mejor para ellos es devolverlos a su país junto a su familia o llevarlos hasta un tercero. La Ley de Extranjería prohíbe su detención. “Es vital que se cuente con personal especializado para su atención. Tenemos la oportunidad de hacer una acogida con un verdadero enfoque de infancia”, mantiene la responsable de incidencia política de Unicef, Cristina Junquera.

La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana distribuirá a los menores en los seis centros de recepción de la red autonómica. Allí se prepara la documentación y se elabora un informe, en un plazo de hasta 45 días, para derivarlos al lugar más adecuado, sobre todo si tienen necesidades especiales. En Alicante se alojará a los mayores de 12 años: un grupo de 61 niños y niñas que tiene entre 16 y 17 años y otro de 28 menores de entre 13 y 15 años.

La capacidad de la red de recepción es de 130 plazas, según datos de la Consellería. Las limitaciones del sistema fueron motivo de denuncia del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Su último informe destaca la sobreocupación de estos centros, que se convierten en un cuello de botella para acceder al sistema de protección. En una segunda etapa se estudiará el reparto de los pequeños en centros de acogida valencianos y de otras comunidades que se han ofrecido a ayudar, un paso previo a la búsqueda de una posible familia de acogida.

El desembarco de los menores va a obligar a coordinarse al Instituto de Medicina Legal de Alicante, la Fiscalía de Menores, la policía y los juzgados. Uno de los trámites que conlleva la identificación de los recién llegados, que la mayoría de las veces se encuentran sin documentos, son pruebas médicas, ordenadas por un fiscal, para determinar su edad. Para las organizaciones humanitarias, esta práctica debería ser una excepción, pero acaba siendo parte del proceso cuando hay dudas al respecto. Existen diferentes pruebas médicas que ayudan a calcular la edad de una persona y que se cuestionan por su amplio margen de equivocación -un error, en estos casos, deja fuera del sistema de protección a menores desamparados-. Una de ellas es comprobar los signos de madurez sexual, la maduración ósea a partir de un examen de muñeca, la longitud de la clavícula y una prueba dentaria.

Un 60% más de menores solos

La llegada y acogida de menores extranjeros solos a España es motivo constante de preocupación de las organizaciones dedicadas a la protección de la infancia. El 14% de las 28.349 personas que llegaron a España de forma irregular en 2017 son niños y niñas -aunque no se puede determinar cuántos vinieron solos-, según el último informe de Save the Children. Solo en patera, durante 2017 llegaron a España 2.177 menores no acompañados, casi cuatro veces más que en el año anterior. La organización mantiene que “España sigue sin estar preparada para acoger a los niños y niñas que llegan solos y les condena a la invisibilidad y la exclusión”.

Con el aumento de las llegadas, ha crecido también el número de menores extranjeros tutelados por las comunidades autónomas, revela el informe. En 2017 había 6.414 niños y niñas migrantes bajo la guardia de la administración, un aumento del 60,4% respecto al año anterior. La mayoría de ellos son marroquíes (64%), seguidos por los argelinos (9,6%). En la Comunidad Valenciana, la sexta en porcentaje de menores tutelados, ese aumento ha sido del 174% (de 108 niños en 2014, a 296 en 2017). A pesar de su perfil vulnerable, solo 100 niños han pedido asilo en los últimos cinco años, según datos del Ministerio del Interior, una cifra que evidencia la falta de acceso a la protección internacional de los más pequeños. Dos de cada tres de esas peticiones fueron rechazadas.

Otro de los problemas que enfrenta el sistema de protección español, que también denunció Save the Children, son las fugas de los menores, que acaban viviendo en la calle, sin papeles y en total desamparo. En 2016 abandonaron voluntariamente los servicios de protección un total de 825 menores, de los que se ignora su paradero actual.

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