La defensa de Juana Rivas planteará suspender el juicio por su fuga

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Todo está preparado para que este jueves, a las 9.45 de la mañana, se inicie el juicio contra Juana Rivas por la presunta sustracción hace dos años de sus dos hijos

menores, a quienes trasladó de Italia a España y nunca más llevó de vuelta al hogar familiar en Carloforte (Cerdeña, Italia). Sin embargo, sus letrados han comunicado que tienen previsto comparecer ante el tribunal solo para solicitar un aplazamiento, sin ejercer la defensa efectiva de su cliente.

Rivas nombró a dos abogados en agosto pasado. Uno de ellos está de baja laboral y el otro alega que en este momento no conoce el caso en profundidad. Eso los ha llevado a solicitar por escrito la suspensión del juicio. El juez ha denegado esa petición y ha mantenido fecha y hora. Ante la negativa del juez, la defensa ha tomado la decisión de acudir a la sala con el único objetivo de que el juez escuche las razones por las que solicita la suspensión del juicio, ha explicado José Estanislao López Gutierrez, abogado de Rivas.

La petición de suspensión de Juana Rivas y su defensa se enfrenta no solo a la negativa del juez. También se opone la fiscal y Francesco Arcuri, padre de los dos niños y quien interpuso la denuncia contra Rivas. Enrique Zambrano, su letrado, considera la actuación de la defensa “rayana al fraude de ley. Me parece un abuso de derecho. La celebración del juicio no supone, de ninguna de las maneras, que se esté vulnerando el derecho de la defensa. Durante todo el proceso, ha quedado claro que la señora Rivas cuenta con dos letrados que, indistintamente, pueden defenderla con solvencia. Y así, lo hemos hecho valer con nuestros escritos, que han sido atendidos por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada”. Ese es el tribunal que se ha hecho cargo del juicio oral, con el juez Manuel Piñar Díaz al frente.

Horas antes del inicio del juicio, por tanto, existe una alta probabilidad de que la de este jueves no sea la sesión única con la que el juez Piñar tenía previsto dar carpetazo al juicio.

Juana Rivas se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a una inhabilitación para ejercer la patria potestad de seis años. Los hechos que se juzgan se remontan a mayo de 2016. Rivas volvió entonces a Maracena (Granada) desde Italia, donde convivían ella, Arcuri y los hijos menores de ambos, ahora de 4 y 12 años de edad. Semanas después de su regreso a España, Rivas denunció a Arcuri por un presunto delito de maltratos. Poco después, informó a su ex pareja que no volvería con los niños. Eso llevó a Arcuri a denunciarla por sustracción, que es lo que se ventila en el juicio de este jueves. Antes, hubo hasta tres providencias judiciales conminando a la madre a entregar los niños a su padre. En la tercera, Rivas desapareció con los niños durante un mes. Era julio de 2017.

A finales de agosto, reapareció y entregó a los dos menores a su padre. Desde entonces viven en Italia y Rivas, que ha pasado un periodo largo de estancia en Cagliari (Cerdeña) haciendo frente al juicio por la patria potestad de sus hijos, los ha tenido con ella algunos fines de semana.

Arcuri se ha unido a la petición de cinco años de cárcel para Rivas por dos delitos de sustracción de menores pero ha añadido hasta ocho, los años de suspensión de la patria potestad. Pide además 30.000 euros de indemnización por daños morales.

Por su parte, la defensa de Rivas ha solicitado la libre absolución de su cliente al no haber cometido ningún delito y, en el escrito de defensa que cerró la instrucción del caso, hablaron de presuntos “momentos aterradores” que Arcuri había hecho pasar a ella y a sus hijos.

Hitler y Stalin en una sentencia

Hace siete años, el juez Manuel Piñar Díaz condenó a año y medio de prisión y una multa de 6.480 euros a una mujer como autora de un delito de presentación de testigos falsos y de un delito de falsa denuncia. La entonces condenada acusaba a su ex marido de acoso y amenazas. Frente a la opinión de la Fiscalía, el juez consideró que era mentira y la condenó. También a familiares de ella. Pero en los fundamentos de derecho de la sentencia, incluyó unos párrafos peculiares. Así, decía que “no es de extrañar que haya personas que traten de aprovecharse de las medidas tuitivas [de defensa] que la legislación pone a disposición de las víctimas de violencia doméstica”. Y añade: “Lo que sí es rechazable es el posicionamiento ideológico al que se ha apuntado la Fiscalía General del Estado que está impidiendo la adecuada persecución de algunas falsas denuncias por falsas maltratadas… Con ese excesivo celo ideológico de proteger a la mujer, está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho. Posición que puede ser preludio sin duda de ese principio da oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales cuando tenían a su cargo de la instrucción y practicaban con asiduidad los fiscales, al servicio de Hitler o Stalin aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes”.

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